En la perspectiva de caracterizar el estudio presentado por parte de la Universidad Nacional de Colombia a la consideración de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y la Secretaría Distrital del Hábitat (SDH), sobre la Operación Estratégica Anillo de Innovación (OEAI) es esencial asumir, desde el inicio, que con esta aproximación para la adopción de la OEAI la Administración Distrital (AD) está dando curso al desarrollo de una política pública que está definida en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) formulado en el año 2000 (y ratificada en el año 2004). Por ello, el documento central de la formulación es un Proyecto de Decreto que permita sancionar esa determinación institucional y darle su gobernanza.

Con ello, la Administración está ratificando el liderazgo que debe tener el Estado en el ordenamiento del territorio (Ley 388 de 1997) y, de manera más general, en la fijación de pautas y horizontes que indiquen estratégicamente hacia dónde debe dirigirse el desarrollo de la metrópolis en el orden económico, social, físico, ambiental, cultural y político planteado por la Constitución Nacional.

Más allá del hecho de que desde su enunciación, hace ya quince años, no se haya adelantado prácticamente nada en términos de la reglamentación de la Operación ni, mucho menos, con respecto a su implementación (a pesar de la cantidad de estudios que se han realizado tratando de dimensionarla), la importancia de aquel reconocimiento estriba en que él mismo determina la pertinencia de asumir su formulación en términos prospectivos, esto es, con una proyección hacia el largo plazo y con la consideración inmediata tanto de la extensión del área que se quiere intervenir como de la dimensión significativa que imponen la complejidad y diversidad de elementos, procesos y funciones que tienen que ser tratados y afectados con su eventual realización. Aunque no se limita al mismo, estos aspectos quedan plasmados en el Plan Urbanístico que se entrega.

De todo lo anterior deriva un tercer aspecto metodológico de la formulación pues, dado que se trata del desarrollo de políticas públicas, tiene que ser elaborada de tal manera que permita la participación ilustrada de la ciudadanía en la reflexión, diseño e implementación de los procedimientos, políticas, acciones y construcciones en las cuales van a tomar cuerpo y vigencia los distintos proyectos y propuestas que, finalmente, la compongan. Como lo plantea la filosofía política: “No tiene ningún sentido llamar a las personas a que se pronuncien sobre determinados asuntos si no pueden hacerlo con conocimiento de causa.”

En ese sentido es obvio que, con las condiciones señaladas en el punto anterior, para que la propuesta pueda salir al debate en el espacio público -que es el ámbito en el cual se define y dirime lo que nos afecta a todos- tiene que hacerlo con un determinado grado de elaboración que efectivamente ilustre a todos y todas quienes deban y puedan participar en el proceso de definiciones que, para el caso que nos ocupa con la Operación, al menos en algunos aspectos fundamentales (que señalaremos más adelante) debería ser toda la ciudadanía bogotana.

Esta condición puede perfectamente revolucionar los métodos convencionales de participación no sólo en cuanto a la manera de reunir a la población sino en la manera como debe darse la oportunidad para la reflexión y luego la expresión de los intereses y razonamientos que soportarían las distintas escogencias o contrapropuestas.

Por la naturaleza misma de la OEAI, en ese proceso de discusión, se verán involucrados no solo los habitantes de la zona delimitada para la misma Operación por el POT sino todos quienes allí trabajan y aún no viven en ella; además, como veremos, no nos referimos sólo a los trabajadores, es indispensable involucrar los propietarios y accionistas de las distintas empresas que allí se asientan, las cuales van desde Ecopetrol y varias otras marcas que se mueven en ese ámbito petroquímico, hasta una infinidad de pequeños comercios e industrias (más del 90% del total); y aún tenemos que mencionar a Argos y CORFERIAS, de un lado, y a la Terminal de Transportes de Bogotá y a MALOKA, por el otro. Y todavía no se mencionan los componentes de los estamentos universitarios y de centros de pensamiento e investigación que harán parte de los nuevos planteamientos. Agreguemos entonces las Alcaldías Locales pero también las organizaciones gremiales y las sociales.

Así que la formulación de la Operación tiene una obligación con la participación en general, pero también con una cierta pedagogía ciudadana moderna. La asunción consciente de la ciencia, la tecnología –y el diseño- como concomitantes a la intervención sobre la ciudad redefine la constitución de la cultura ciudadana.

Ya adentrados en el siglo XXI, la ciudadanía, como veremos, no se reduce a cumplir con los mandatos de las cartillas de urbanidad del inicio del siglo pasado. Se transforma en un proceso de conocimiento. Por ello, muy probablemente, la agenda de lo que se presenta como “Estrategia de participación y comunicación”, involucrará los medios de comunicación y, en todo caso, sobrepasará el método tradicional de los talleres.

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